Listas negras gubernamentales

Dado el crecimiento exponencial de los peligros en línea, hoy en día todos los países adoptan sistemas de inteligencia sobre ciberamenazas a través de organismos que supervisan los informes y elaboran sus propias listas negras con el fin de bloquear la navegación en dichas páginas (por lo que el término lista negra sería más correcto). Dependiendo del sector en el que opere el organismo gubernamental encargado, estas listas negras pueden centrarse más en estafas, contenidos ilícitos, datos sensibles o piratería informática, etc. Recogen direcciones y dominios peligrosos de todo el mundo, pero se centran en los peligros para sus propios países. Muchos gobiernos optan por no divulgar estos datos. Por otro lado, algunos organismos hacen públicas las listas negras, como en los siguientes casos que FlashStart ha integrado en su sistema de protección basado en la nube:

El estudio global de DNS que FlashStart realiza mediante Machine Learning no es comparable en cuanto a peligros analizados, ya que la inteligencia artificial ya ha catalogado todos los dominios activos e investiga continuamente los de nueva creación, con una capacidad predictiva superior al 92,5 por ciento. Los dominios y direcciones potencialmente peligrosos que figuran en las listas negras gubernamentales ya han sido clasificados dentro de una de las ochenta y cinco categorías que FlashStart utiliza para el filtrado de malware y contenidos, por lo que no añaden nada al estudio de DNS. FlashStart sólo las integra para dar cabida a los usuarios que desean utilizar dichos filtros o están obligados a hacerlo por ley. En el panel de control de FlashStart, basta con comprobar dicha lista negra con un solo clic, y el filtro bloqueará todos los dominios que contenga. Sin este tipo de integraciones, los proveedores de Internet se verían obligados a buscar o integrar manualmente los dominios que deben bloquearse dentro de las categorías del filtro. FlashStart sólo integra las listas negras que han hecho oficiales los distintos gobiernos, en primer lugar, por cuestiones de privacidad y, en segundo lugar, porque, si un gobierno no las hace públicas, ni siquiera puede obligar a sus proveedores de internet a utilizarlas. Por tanto, la cuestión de la utilidad deja de existir, tanto para ellos como para la comodidad del cuadro de mandos.